ABC
Los protagonistas
BARTOMEU MUÑOZ, Alcalde rico, ciudad obrera
Hijo del último alcalde franquista de esta localidad, «Bartu» Muñoz es una persona rica; alcalde de la muy obrera Santa Coloma, vive en el muy burgués Turó Park barcelonés. Hombre de confianza de Montilla y De Madre maniobró para presidir la Diputación de Barcelona.
LUÍS GARCÍA SÁEZ, «Luigi», el conseguidor García Sáez hizo fortuna en los años noventa valiéndose de sus contactos en el PSC, del que fue diputado autonómico durante tres legislaturas. Le llovían las adjudicaciones de los ayuntamientos afines, subcontrataba las obras, luego no pagaba. Fue absuelto del delito de estafa.
MACIÀ ALAVEDRA, «Sector negocios» de CiU
Físico imponente, cabellera patricia, en el núcleo duro de los gobiernos Pujol y todopoderoso consejero de Economía hasta 1997, cuando dimite: irremediablemente salpicado por sus amistades peligrosas y la cercanía a escándalos sonados: De la Rosa, Planasdemunt, Estevill...
LLUÍS PRENAFETA, La mano derecha de Pujol
En la sombra, fue el perfecto fontanero de una Generalitat que entre 1980 y 1990 se construía. «La Generalitat somos tú y yo», le dijo Pujol tras entrar por primera vez en Palau. Formó el núcelo duro del «sector negocios» de CiU: nacionalismo pragmático, negocio redondo.
De la costra nacionalista a la cosa nostra
Los detenidos en la operación forman un grupo heterogéneo, transversal en lo político. Desde el muy rico alcalde de Santa Coloma (PSC) a dos de los estrechos colaboradores de Pujol
Dentro de la llamada «operación Pretoria», en pocos días empezará a desfilar ante el juez Garzón un grupo aparentemente heterogéneo, políticamente transversal y desconectado pero, en el fondo, integrante de una misma comunidad de intereses, la misma que junta en una única charca negocios y política. De CiU al PSC, de la gran empresa al edil corrupto: cien por cien Cataluña.
De ese grupo sobresale el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet desde 2002 Bartomeu Muñoz (1957), hijo de Blas Muñoz, último alcalde franquista de esta localidad y enriquecido con el ladrillo en unos años en los que en Cataluña se hacían fortunas con la llegada de la inmigración. Persona de la total confianza de José Montilla y, sobre todo, de Manuela de Madre, a quien relevó como primer edil, «Bartu» integraba lo que muchos definen como el sector más «pijo» del PSC; en dos palabras, era rico. Pese a gobernar la muy obrera Santa Coloma vive en el muy burgués Turó Park de Barcelona. Ni su fortuna ni sus maneras le impidieron integrarse en el grupo de los «capitanes» del PSC, con distinto estatus social pero idéntica ambición; unos controlaban el Baix Llobregat, «Bartu» se movía como nadie en el «Barcelonés nord».
Sortear la justicia
También implicado en la trama aparece otro socialista, Luis García Sáez, «Luigi», durante tres legislaturas diputado autonómico, imputado en 1999 por un caso de estafa. Durante esa década García fue el perfecto elemento viscoso que hacía funcionar el engranaje negocio-política, un perfecto conseguidor que al frente del grupo AGT siempre «pillaba» provechosos contratos municipales. Trabajó en Barcelona y toda su área metropolitana: ganaba los concursos, subcontrataba las obras y luego no pagaba. Expulsado del PSC, un grupo de empresas lo denunció por estafa junto a otros cargos municipales socialistas; tras tres años, el caso fue archivado.
En el otro extremo del arco político, hace no pocos años hizo fortuna la definición «sector negocios», para aludir a aquellas figuras de CiU que, procedentes de la empresa, trampearon durante años por una estrecha franja entre el negocio y un nacionalismo que, cuando se trataba de dinero, siempre fue de lo más pragmático. Al frente de todos ellos siempre aparecía Macià Alavedra (1934), físico imponente, cabellera patricia, en el núcleo duro de los gobiernos Pujol y todopoderoso consejero de Economía hasta 1997. Ese año, cuando dimitió de su cargo, ya estaba irremediablemente salpicado: amistades peligrosas y cercanía a escándalos sonados: Javier de la Rosa, Jordi Planasdemunt, Pascual Estevill... Sobrevivió a todos ellos y, en los últimos años, había recobrado cierta presencia como patrón de la fundación Catalunya Oberta, «think tank» nacionalista que también impulsa Lluís Prenafeta (1939), otro de los detenidos. Mano derecha de Jordi Pujol entre 1980 y 1990 como secretario de Presidencia -«la Generalitat somos tú y yo», le dijo el primero-, Prenafeta pivotó también entre la empresa y la política, siendo exculpado por falta de pruebas en el llamado «caso Prenafeta» por adjudicaciones turbias de la Generalitat.
El concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco; el director gerente de Servicios, Pascual Vela; así como los grandes empresarios de la construcción: Josep Singla (Proinosa), y Luis Casamitjana Grupo Espais) son los otros detenidos en la operación.
Los detenidos pasan la noche en la comandancia de la Guardia Civil
La corrupción urbanística toca al PSC y a ex altos cargos de Pujol
El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet recibió ayer una visita inesperada a las diez de la mañana. La de un grupo de 15 agentes de la Guardia Civil que entró con la orden judicial de registrar la Casa Consistorial para obtener pruebas por un presunto delito de corrupción urbanística. Los agentes exigieron a los funcionarios que dejaran anotadas las contraseñas de los ordenadores para facilitar sus pesquisas. Así dio inicio la «Operación Pretoria», dirigida por el juez Baltasar Garzón, la cual no sólo incumbe a Santa Coloma, sino también a los municipios de Badalona y Sant Andreu de Llavaneres, aunque se sospecha que sólo de manera colateral. Sus primeros pasos se saldaron con ocho detenciones –podrían aumentar conforme avance la investigación– y, al menos, una decena de registros (domicilios particulares inclusive).
Entre los detenidos destaca el alcalde socialista de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, quien fue arrestado en su domicilio, situado en un barrio noble de Barcelona. Posteriormente fue conducido hasta Santa Coloma para presenciar el registro en su ayuntamiento. Al cierre de esta edición, los agentes continuaban sus indagaciones e iban extrayendo cajas con documentación. También sobresalen los arrestos del ex consejero de CiU Macià Alavedra y del ex secretario general de la Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta. Estos dos últimos fueron hombres de la estrecha confianza de Jordi Pujol durante la primera mitad de su larga época de gobierno.
La Guardia Civil arrestó, además, al concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco –también presidente de la empresa municipal Gramepark, situada en el centro de la trama– ; al responsable de los servicios jurídicos de este mismo municipio, Pasqual Vela; al ex diputado del Parlamento de Cataluña Luis García –quien ya fue expulsado del PSC por un caso de corrupción–; y a dos empresarios del sector inmobiliario, Josep Singla (Proinosa) y Lluís Casamitjana (Grupo Inmobiliario Espais).
Las pesquisas se iniciaron en el año 2007, pero parte de una causa que instruida anteriormente por Garzón, que le ha llevado hasta las irregularidades perpetradas por el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet en la compra venta de unos terrenos donde ahora está instalado el complejo residencial y de ocio Cubics, cuya inversión se eleva a 100 millones de euros. El juez de la Audiencia Nacional imputa ahora a los detenidos delitos de cohecho (soborno), tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Buena parte del dinero de estas compraventas procedería del paraíso fiscal de las Islas Jersey.
Los ocho detenidos han pasado la noche en la comandancia de la Guardia Civil de Sant Andreu de la Barca (Barcelona).
El último detenido en ingresar en las dependencias de la Guardia Civil fue el alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, que lo hizo poco antes de las dos de la madrugada.
Muñoz llegó a Sant Andreu de la Barca procedente del ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, adonde fue conducido por efectivos de la Guardia Civil para colaborar en la investigación y ayudar a recabar documentación.
El registro policial de varias dependencias del consistorio se inició sobre las diez de la mañana, y se prolongó durante casi quince horas.
La salida del alcalde se produjo poco antes de la una de la madrugada en medio de las protestas de un grupo de vecinos congregados ante la puerta, que al salir le increparon llamándole "ladrón, corrupto, y chorizo".
Poco después de salir el alcalde, efectivos de la Guardia Civil salieron del edificio, que estaba rodeado por agentes del cuerpo, con varias cajas de documentación que se cargaron en una furgoneta.
Las reacciones políticas se produjeron a un ritmo frenético, en especial la del PSC. Tan sólo tres horas después de que Santa Coloma se convirtiera en el epicentro de la «Operación Pretoria», los socialistas catalanes convocaron una rueda de prensa para anunciar las medidas que tomarán en cuanto «la autoridad judicial tome medidas que afecte a cargos electos». Según el comunicado leído por el secretario de Organización del PSC, José Zaragoza, el partido propondrá la elección inmediata de un nuevo alcalde –probablemente será Antoni Fogué, presidente de la Diputación de Barcelona, y concejal en Santa Coloma–, pedirá la renuncia de los regidores implicados y los suspenderá de militancia.
CDC se desvicula
Horas después, Convergència también compareció para dejar claro que tanto Alavedra como Prenafeta llevan muchos años desvinculados de la cúpula de la formación nacionalista, aunque en su día fueron pesos pesados de Pujol. Dicho esto, el número dos de CDC, Felip Puig, apeló a la presunción de inocencia y exigió a Garzón celeridad en el proceso judicial.
Un feudo del psc
- La «Operación Pretoria» tiene su epicentro en Santa Coloma de Gramenet, uno de las ciudades más importantes de Cataluña
- Cuenta con 117.336 habitantes y es uno de los feudos más potentes del PSC, hegemónico en Barcelona y en su área metropolitana.
-n El alcalde, Bartomeu Muñoz, vivía en un barrio noble de Barcelona y no en Santa Coloma, a 8 kilómetros.
Golpe a la corrupción de Convergència y PSC
El golpe del juez Baltasar Garzón y de la Fiscalía Anticorrupción a los principales barones del sector negocios de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), los hombres de confianza de Jordi Pujol cuando era presidente de la Generalitat, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, se ha llevado por delante también al alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, Bertomeu Muñoz, destacado dirigente del PSC y vicepresidente de la Diputación de Barcelona, apartado ya de sus cargos por su partido y al conseguidor y ex diputado socialista, Luis García Sáez.
Detenidos el alcalde socialista de Santa Coloma y dos históricos de CiU
El juez Baltasar Garzón ordenó ayer la detención del alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Múñoz; de otros dos altos cargos del ayuntamiento socialista; del exdiputado del PSC Luis García y de los destacados exdirigentes de CDC y colaboradores de Jordi Pujol Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Los seis, junto a dos empresarios de la construcción también arrestados por la Guardia Civil, están acusados de formar parte de una trama organizada de corrupción que en los últimos años, presuntamente, cobró comisiones, evadió capitales a paraísos fiscales y se aprovechó de la condición de funcionarios públicos de algunos de sus miembros.
Las detenciones convulsionaron a toda la esfera política catalana, que reaccionó con cautela ante la operación, aunque la dirección de los socialistas ya anunció al mediodía, ni dos horas después del arresto del alcalde de una de sus ciudades más importantes, que suspendería de militancia a Muñoz y a sus colaboradores si el juez les imputa algún cargo tras declarar el viernes en la Audiencia Nacional. En CDC se apeló a la presunción de inocencia de «todos» los detenidos y se subrayó que tanto Alavedra como Prenafeta llevan mucho tiempo apartados de los puestos de responsabilidad de la formación nacionalista.
Las ocho detenciones se realizaron de forma coordinada, a la misma hora, las diez de la mañana. El alcalde de Santa Coloma fue arrestado en su casa de Sarrià de Barcelona, adonde acudió su abogado, Fermín Morales, mientras se realizaba un minucioso registro que a partir de las cuatro de la tarde se trasladó a su despacho de la plaza de la Vila. El concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, y el director gerente de la alcaldía, Pascual Vela, en el ayuntamiento, donde irrumpió la Guardia Civil, que desalojó las instancias municipales y custodió la entrada durante toda la jornada. Anoche, los funcionarios de urbanismo recibieron la orden de no regresar a trabajar hasta el martes.
DOCUMENTACIÓN VINCULADA / Santa Coloma es el principal escenario de esta trama de corrupción, que cuenta con otros dos municipios implicados, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona, a cuyos alcaldes Garzón solicitó únicamente documentación relacionada con dos convenios urbanísticos. En Llavaneres, el fiscal anticorrupción Luis Pastor ha desempolvado dos viejas denuncias archivadas que el colectivo SOS Llavaneres presentó por la recalificación de la finca conocida como Can Riviere en la época en que Víctor Ros, del Partit Popular, era alcalde, informa Fede Cedó. Y en Badalona la documentación solicitada al alcalde socialista, Jordi Serra, está relacionada con unos terrenos vinculados a la futura ampliación del puerto deportivo.
Anoche, en algunos círculos judiciales se definía la trama investigada como una «pequeña Gürtel a la catalana». Lo cierto es que de una misma investigación, iniciada en mayo del 2000, se derivaron en noviembre del 2005 dos registros al unísono en dos despachos de abogados: Luis de Miguel, en Madrid, y Pretus, en Barcelona. De la documentación del primer registró partió el caso Gürtel; la intervenida en el despacho de Barcelona dio lugar a la bautizada ahora como operación Pretoria.
Los investigadores sostienen que el exdiputado Luis García era el presunto cerebro. No es la primera vez que García, definido por algunas fuentes como «el Correa de esta red», se ve involucrado en un escándalo. A finales de los 90 estuvo imputado, junto a otra decena de cargos municipales socialistas, en una estafa en obras públicas, archivada en el 2001. Los otros dos arrestados, el presidente de Proinsa, el constructor Josep Singla, y el presidente del grupo inmobiliario Espais, Lluís Casamitjana, serían los otros dos pilares de esta trama puesta al descubierto en una investigación coordinada por el fiscal Pastor.
García estableció una «red de tráfico de influencias» en los consistorios investigados, en los que conseguía adjudicaciones de terrenos a sociedades pantalla por un precio determinado que se elevaba considerablemente después de que dichos solares fueran recalificados y vendidos a constructores. Por estas operaciones se cobraban comisiones. Fuentes próximas a la investigación aseguraron que tanto Alavedra como Prenafeta actuaban como comisionistas de la red.
Los implicados en esta trama trabajaban con «grandes márgenes» de beneficios que, según las fuentes, podrían superar los 20 millones de euros, aunque aún no se ha podido determinar el montante de dinero manejado por la red. Por ejemplo, los investigadores buscan 13 millones de euros que tenía que haber recibido el ayuntamiento colomense y que no están en las arcas municipales.
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