L'ASTURIES LLIBERAL

  EL IMPARCIAL.  La injusticia hecha a uno solo es una amenaza dirigida a todos. Montesquieu.

Qué razón tenía el pensador político francés. Tres siglos después de ser acuñada, esta frase tiene la misma vigencia que entonces. Y más hoy en día, cuando vemos cómo uno de nuestros “jueces estrella” hace y deshace lo que le da la gana al margen de lo que es justo, de lo ético e, incluso, de lo legal cuando así le conviene. Porque él lo vale y porque el fin, para Don Baltasar, parece que sí justifica los medios.

Imagino que la Ley, para él que la conoce tan de cerca, debe de ser como una amiga íntima con la que uno puede permitirse ciertas licencias. Él puede tutearla, darle plantón un viernes por la tarde o ponerle los cuernos con otras. Las leyes deben de estar ahí para que las cumplamos los demás, simples e insignificantes ciudadanos, pero no él, flamante administrador de la Justicia, escrutador certero, malabarista del bien y del mal, tan arrogante y egocéntrico que de un tiempo a esta parte se ha aficionado a explorar los límites e, incluso, a traspasarlos caminando sobre el delgado hilo de la realidad a una altura imposible y sin red, un juez, en definitiva, que a fuerza de éxitos, halagos, premios y osadías ahora también se ha convertido en parte.

Porque en su afán por no rozar el suelo con los pies, ese suelo inmundo y sucio que el resto de los mortales compartimos, ha decidido aplicar su propia Justicia y el escándalo se ha desatado.

El pasado mes de febrero, Garzón ordenó, mediante un auto, intervenir todas las comunicaciones orales y escritas de los tres principales implicados en el “caso Gürtel” entre sí y con sus respectivos letrados hasta el 20 de marzo. Hay que recordar que la ley reserva de forma claramente restrictiva estas actuaciones para casos de terrorismo o en supuestos en los que el abogado pueda estar implicado. Además, los tres implicados, Correa, Crespo y Sánchez, cambiaron de abogado en ese periodo de tiempo, pese a lo cual las escuchas se mantuvieron vulnerando así el artículo 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que establece que las comunicaciones entre presos y abogados sólo podrán ser intervenidas «por orden judicial y en supuestos de terrorismo», y el artículo 536 del Código Penal.

Tanto el Consejo General de la Abogacía Española como los abogados defensores de los implicados han solicitado la nulidad del procesamiento al haberse grabado las comunicaciones "fuera de la legalidad vigente", algo que pone en peligro el derecho a la defensa y supone una ilegítima vulneración de derechos fundamentales.

Resulta sorprendente que un juez vaya contra el Estado de Derecho y se pase por el forro de la chaqueta las leyes, pero lo triste es que no es la primera vez que Garzón explora los límites, e incluso los cruza, de la legalidad. De hecho, sigue imputado por prevaricación tras la querella presentada por Manos Limpias y admitida a trámite por el Supremo sobre su actuación en el proceso sobre víctimas del franquismo. Que alguien le pare de una vez los pies para que en este país se haga, por fin, justicia.

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