L'ASTURIES LLIBERAL

ABC. La palabra es hoy satisfacción. Se pronuncia en viva voz en los despachos del Ministerio de Cultura, de la Armada y entre los arqueólogos y abogados especialistas en patrimonio sumergido. La decisión del juez Mark Pizzo de dar la razón a España totalmente y por tanto expresar la opinión contundente de que Odyssey Marine Exploration debe devolver todas las monedas expoliadas a España, sin derecho siquiera a una compensación, puede ser histórica. No está mal para responder a una compañía que sigue convencida de haber descubierto la arqueología del siglo XXI. Se trata de una recomendación del juez Pizzo a su superior, el juez Merriday, encargado del pleito entre los cazatesoros y España, pero supone que el Tribunal de Tampa ha asumido como propia la postura planteada por nuestro Gobierno absolutamente. Y en primera instancia. Se resume en que el buque debe ser la "Mercedes", un buque de Estado hundido en 1804 durante la batalla del Cabo de Santa María contra una flota inglesa, y que como tal, su pecio no ha sido abandonado, su pabellón español se mantiene y nadie puede tocar su carga sin permiso expreso. Tanto las Universidades y los arqueólgos, como la Marina de EE.UU., la NAVY, habían mostrado la misma opinión en informes al Tribunal y declaraciones públicas. Odyssey no sólo lo hizo, sino que exportó secretamente el tesoso a EE.UU. y ha empleado mil triquiñuelas frente al juez para no identificar el buque. Lo primero que hay que decir es que si la sentencia se confirma, pese a la anunciada apelación de Odyssey, se creará el precedente necesario para cerrar la impunidad de los expoliadores en aguas internacionales. Empresas como Odyssey se habían lanzado a los mares del mundo con ahínco desde que la tecnología les permite alcanzar casi cualquier profundidad y desde que otro tribunal americano falló favorablemente a los intereses de España en el caso del "Juno" y la "Galga", haciendo más difícil el desarrollo de este sospechoso negocio en aguas estadounidenses. El hecho de que el Tribunal se inhiba significa además un fortalecimiento del principio de inmunidad soberana de los buques de Estado, sea de la época que sean, algo que España considera fundamental, para defender su historia naval, y que también defiende el Sunken Military Craft Act, la ley que preserva la integridad de los pecios de origen militar de la US NAVY. El escenario de Odyssey es, pues, poco halagüeño. De nada ha servido que su inusitada campaña de imagen, con documentales y recientes entrevistas en los principales medios internacionales. Apenas una subida en bolsa que la sentencia del juez de tampa seguramente desinflará. Se impone un cambio radical de negocio, porque las prácticas que han desplegado en nuestros mares no han parado de dar pérdidas -24 millones de dólares en 2008- a la compañía que una y otra vez se declara amiga de los gobiernos a los que molesta. En España trató de conseguir permisos de extracción a cambio de información sensible sobre centenares de pecios en el Estrecho de Gibraltar. La sentencia es también un serio aviso al Gobierno inglés, ya que les informa adecuadamente de quiénes son en realidad sus socios. Londres mantiene proyectos en común con Odyssey para extraer los restos del "HMS Victory" aunque también ha denunciado la incursión de los estos cazatesoros en un buque correo de la primera guerra mundial.

Esbilla | del.icio.us