L'ASTURIES LLIBERAL

El «libro de ruta» de la reforma del Estatuto de Autonomía situó las competencias como el primer tramo a completar. Pasado mañana, los ponentes de PSOE, PP e IU se verán las caras con sus respectivas propuestas. Los populares remataron la suya en las últimas horas, que se sustancia en la solicitud de cincuenta y seis nuevas competencias de carácter exclusivo, ocho de carácter legislativo y nueve ejecutivas.

Las competencias exclusivas son las de mayor rango, aquellas en las que el Principado tendrá la potestad y capacidad para elaborar la ley que las regula. Uno de los capítulos más importantes que los populares incluyen en esa exigencia es el régimen local. Es decir, el Principado tendrá capacidad para regular los servicios que los ayuntamientos deben ofrecer a los ciudadanos, con sus correspondientes compensaciones económicas.

Joaquín Aréstegui, portavoz adjunto del PP y ponente de la reforma del Estatuto, destacó que esa competencia permitirá abordar la segunda descentralización de la Administración, una cuestión pendiente desde hace décadas y que dotará a las administraciones locales de un marco mucho más preciso de derechos y deberes en la relación diaria con los ciudadanos.

Otra de las competencias más relevantes incluidas entre las pretensiones del PP es la correspondiente a Seguridad Pública y a la Protección Civil. Su aprobación dejaría la puerta abierta a la creación de la Policía Autonómica, entre otras cuestiones. El paquete de 56 competencias exclusivas permite aumentar el nivel de potestad y decisión sobre apartados que hasta ahora dependían también del Gobierno central como es el caso, por ejemplo, del capítulo de montes y espacios naturales protegidos. Además, de salir adelante la propuesta que plantean los populares, el Principado tendría la competencia ejecutiva sobre la gestión de la vertiente asturiana del parque nacional de los Picos de Europa.

El PP asturiano también reclama competencias que hasta ahora estaban fuera del Estatuto de Autonomía, tales como la administración de justicia, servicios sociales, cofradías de pescadores, cámaras de propiedad, comercio y agrarias, atención a las mujeres víctimas de violencia de género, emigración y ordenación de la Hacienda regional, así como consultas populares de ámbito local (en ningún caso convocatorias de referéndum, que son competencia única de la Presidencia del Gobierno). Entre las ocho competencias de desarrollo legislativo estarían los medios de comunicación social y la expropiación forzoza. El sistema penitenciario y los vertidos contaminantes, entre otras, serían competencias ejecutivas.