L'ASTURIES LLIBERAL
Bitácora del Círculu Lliberal d'Asturies

El grupu Cristianos Socialistas del PSOE impulsó un documentu onde s'amuesa la disconformidá de munchos católicos d'afiliación socialista cola nueva llei del gobiernu Zapatero. Nel testu deféndese la necesidá de garantizar una maternidá llibremente querida y responsable, caltiénse que l'Estáu tien deberes éticos y xurídicos pa col fetu por afayase ésti nuna situación de másima debilidá y necesidá, y afítase la oposición al fechu de que moces ente 16 y 18 años puean albortar ensin conocencia de los padres. Tamién se demanda una regulación de la oxeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Esti manifiestu diba difundise antes de la manifestación del pasáu domingu, pero foi bloquiáu pola dirección del PSOE. El manifiestu tien la firma de Pilar de la Vega (catedrática d'Historia), Jordi López Camps (doctor en Bioloxía) y María José Pereda (doctora en Medicina y máster en Bioética) en nomre de Cristianos Socialistas del PSOE.

Darréu reproducimos el mentáu manifiestu:

EL ABORTO: A LA BÚSQUEDA DE UN TERRENO COMÚN

El núcleo de la reforma sobre el aborto propuesta por el Gobierno es políticamente razonable: una ley de plazos (catorce semanas) combinada con doble indicación. De esta forma se ofrece un marco legal más honesto con la realidad y acorde con la legislación europea mayoritaria, como bien fundamenta el dictamen del Consejo de Estado. Es más restrictiva con los abusos, ya que el supuesto del conflicto psíquico de la actual despenalización carece de limitación temporal y ha dado cobertura legal a abortos en estadios de gestación muy avanzados. Además la reforma refuerza la seguridad jurídica de la mujer y del profesional.

Es preciso plantear la cuestión con serenidad. No se puede descalificar una regulación legal del aborto por considerarlo un asesinato. Es una visión moralizadora que se desentiende tanto de las consecuencias de la prohibición como de los deberes de la ley y el legislador ante una decisión compleja y conflictiva. Tampoco puede negarse la pertinencia de un juicio ético, social y jurídico sobre la interrupción del embarazo por considerar que se trata de un asunto privado que concierne sólo a la mujer.

Entre uno y otro extremo es preciso sostener la necesidad de garantizar una maternidad libremente querida y responsable, por un lado, y, por otro, la protección respecto del feto. La decisión de abortar entraña graves conflictos personales y públicos que no pueden negarse invocando sólo los derechos de la mujer o sólo la protección del bien jurídico del nasciturus (STC 53/1985). La ley debe ser capaz de armonizar y encauzar razonablemente una y otra perspectiva. Es posible buscar un terreno común.

En primer lugar, el Estado tiene deberes éticos y jurídicos para con el feto por encontrarse en estado de máxima precariedad, debilidad y necesidad. Es de humanidad su cuidado y tutela. Es propio de la tradición socialista y humanista proteger al más débil, por lo que debemos reconocer y defender el bien jurídico constitucionalmente protegido del nasciturus.

Podemos convenir en que la dignidad inherente del feto no sea la misma que la de la persona nacida titular de derechos. Con todo, la formación de la vida humana es un proceso y consiguientemente hay un estatuto ético del feto que exige, conforme avanza el proceso de gestación, una protección por parte del Estado cada vez más exigente, lo que también se refleja en el régimen sancionador.

En segundo lugar, el Estado también tiene deberes éticos y jurídicos para con la mujer. Sobre la mujer recaen en primer término las dificultades sociales, económicas, psicológicas, éticas, y, en su caso, penales. La mujer no puede reducirse a receptáculo del feto. Es sujeto libre y responsable, cuya libertad y salud deben estar protegidas por la ley. La decisión de abortar ha de contemplarse como una cuestión de conciencia, y como tal debe ser tratada y respetada. En el marco que le otorga la ley, las catorce semanas, debe ser la mujer embarazada la que toma la decisión.

En cualquier caso, la vida en gestación es una realidad distinta de la mujer gestante. No es ni un órgano propio ni una extremidad de ella. La decisión de la mujer, a la que la ley otorga unos derechos de prestación en determinadas condiciones, no puede negar que en el nasciturus estamos hablando en todo caso más de un "alguien" que de un "algo". Por ello, por cuanto se trata de un ser humano en formación, no puede haber un derecho al aborto.

No hay sólo maternidad, sino también paternidad. Por ello, también corresponsabilidad. La prevención justificada en casos contra la manipulación o la coacción sobre la mujer en su decisión de interrumpir el embarazo no puede anular la necesidad de una información adecuada, apoyo familiar y social en términos de acompañamiento. Es consecuente con los deberes de patria potestad y con la obligación que la Constitución establece de "prestar asistencia de todo orden a los hijos", al menos, durante su minoría de edad (39.3 CE).

Otra cuestión no menos importante: es necesario regular la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, de modo que quede garantizado el respeto a su conciencia ética personal sin que por otro lado menoscabe las garantías de la prestación de la IVE por la red pública en todas las comunidades autónomas.

Para nosotros, como cristianos socialistas, la función legisladora y la gestión política deben estar inspiradas por la ética y la búsqueda del bien común. Sin embargo, creemos que hacer realidad los principios éticos en una sociedad plural no supone necesariamente identificar código moral y código penal. Esto es especialmente claro en el caso del aborto.

Es necesario desarrollar, ante la pluralidad de causas que llevan al aborto, políticas de investigación y prevención que orienten actitudes hacia una sexualidad responsable. La prevención debe hacer frente a la banalización creciente de la sexualidad. También son necesarias políticas educativas, que deben hablar de la sexualidad como placer, pero también como vínculo afectivo y comunicación; como respeto a la alteridad y dignidad de la otra persona y como control de las propias pulsiones. Con la misma gravedad, consideramos que debe avanzarse en el desarrollo de una real protección social a la maternidad.

En definitiva, la cifra de 112.000 abortos en sólo un año (2007) es un elocuente signo de fracaso colectivo. Todavía estamos a tiempo de aprovechar esta reforma como una oportunidad para emprender con decisión el impulso a políticas públicas para la reducción de los embarazos no queridos que conducen al aborto.

Miles de persones manifestáronse ayeri pa defender el derechu a la vida de los non nacíos y pa protestar contra la reforma de l'actual Lei del Albuertu que promueve'l gobiernu socialista de Zapatero.

MANIFIESTU DE LA CONVOCATORIA EN DEFENSA DE LA VIDA, LA MUYER Y LA MATERNIDÁ

El Gobierno Español pretende modificar la vigente legislación en materia de aborto para despenalizar totalmente su práctica y reconocerlo como un derecho a través la conocida como “nueva ley del aborto”. Dicha iniciativa supondría la desprotección total de las dos víctimas del aborto: el niño no nacido, que carecerá de toda protección jurídica, y la mujer, abocada al aborto sin alternativas posibles.

Con la nueva Ley anunciada se privará a la mujer de su derecho a la maternidad, no se hará nada por evitar abortos y crecerá cuantitativamente el inmenso fracaso que es siempre un aborto provocado. Además la nueva “ley del aborto” pretende imponer con carácter obligatorio y coactivo en todos los servicios y centros sanitarios y educativos la ideología de género y su visión de la sexualidad y la persona.

Porque CADA VIDA IMPORTA, queremos hacer llegar a la opinión pública y a las fuerzas políticas las siguientes consideraciones y peticiones:

1) Cualquier enfoque legal o político que olvide al niño que en virtud del aborto no llega a nacer o que olvide el problema que para algunas embarazadas puede suponer un embarazo imprevisto, dará lugar a situaciones injustas e incompatibles con el equilibrio de derechos y bienes que el humanismo exige en esta cuestión.

Publicao por Alejandro G. Avendaño

ABC (Editorial). LA dirección del Partido Socialista de Madrid consumó ayer su amenaza de no asistir a los actos institucionales organizados por el Gobierno autonómico presidido por Esperanza Aguirre, con motivo de la conmemoración del 2 de Mayo. El boicot respondía, según los socialistas, al cierre de la comisión parlamentaria de investigación creada por el caso de los seguimientos a políticos del PP del ejecutivo autonómico. El resultado de esta decisión de la dirección socialista ha sido una nueva demostración de la impotencia que atenaza al PSOE desde hace años frente al PP madrileño y que parece condenarla a un estado de derrota permanente. La ausencia de los socialistas en los actos oficiales del 2 de Mayo era indefendible, porque confundía su papel institucional con la discordia partidista. Además, era un error estratégico, porque el boicot estaba planificado desde una posición de debilidad crónica, que quedó ayer aún más patente por la nula repercusión social y por la presencia en la convocatoria del ejecutivo autonómico de otros dirigentes y personalidades socialistas, como la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, o el ex presidente autonómico Joaquín Leguina, que optaron por una actitud institucional y respetuosa. Por otro lado, como táctica para debilitar al Gobierno de Aguirre, también ha sido un fracaso, al elegir el PSM una motivación que resulta irrelevante para la opinión pública y con la que el ciudadano madrileño no va a modificar su valoración sobre la gestión del ejecutivo autonómico, por ahora manifiestamente positiva a tenor de los resultados electorales. Los socialistas madrileños acaban su pulso al PP con un nuevo fracaso, más debilitados y sin alternativa real como oposición. Todo esto agrava el agujero negro electoral que representa Madrid -comunidad autónoma y capital- para el PSOE a nivel nacional. De hecho, la candidatura encabezada por Zapatero siempre ha perdido frente a la de Rajoy en las dos elecciones generales en las que han competido desde la capital de España. El rastro de damnificados es importante. Las apuestas de este partido con los candidatos para volver a los gobiernos autonómico y municipal -Simancas, Miguel Sebastián y Trinidad Jiménez- han caído una tras otra en las urnas, hasta el extremo de abandonar todos ellos sus cargos en las instituciones madrileñas. Un gesto incomprensible como el boicot a la celebración oficial del 2 de Mayo no va a revertir la correlación de fuerzas existente entre socialistas y populares en la comunidad de Madrid. El PSM se enfrenta así a una apremiante necesidad de hallar su mensaje, su propuesta y su papel como oposición. Su parálisis beneficia las expectativas de Izquierda Unida, cuya portavoz en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, sí acudió a la Puerta del Sol. Las polémicas sobre los seguimientos a políticos del PP o el «caso Gürtel» no van a hacer el trabajo que el PSM no está sabiendo o pudiendo hacer, ni siquiera con el apoyo de los dos principales sindicatos, empeñados en dañar cuanto sea posible a la televisión autonómica madrileña, que ya lleva 19 huelgas en cinco años, algo insólito en la democracia. La responsabilidad de encontrar un rumbo al PSM también incumbe a la dirección nacional del PSOE, que tantas veces ha señalado las instituciones madrileñas como clave de su estabilidad política y electoral y tanto ha intervenido directamente en la formación de sus candidaturas, con pésimos resultados, que, en definitiva, acaban explicándose por iniciativas tan poco afortunadas como la del absurdo boicot a los actos del 2 de Mayo.